En las últimas horas, la Justicia procedió a la detención de 2 individuos, Agustín Contreras y Maximiliano Moreno, quienes estarían implicados en un caso de abuso sexual contra una adolescente. El hecho habría ocurrido en las inmediaciones del polideportivo de la Capital luego de una fiesta de presentación de buzos. Se espera que se realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los acusados.
Por otro lado, el Juzgado de Control de Garantías de Recreo anuló una causa por abuso sexual en la que se imputaba a un hombre por ultrajes contra su hija y la hija de su pareja. La decisión se basó en la errónea calificación legal realizada por la Fiscalía, lo que generó la necesidad de redactar un nuevo decreto de determinación del hecho.
La defensa del acusado, representada por el abogado Luciano Rojas, planteó la nulidad de la causa argumentando que los hechos imputados a su cliente estaban mal calificados legalmente. Según Rojas, existe una discrepancia entre la conducta descrita y la normativa correspondiente. La falta de congruencia entre el hecho y la calificación legal afectaría las posibilidades defensivas del imputado.
En concreto, el hombre estaba imputado según el artículo 120 del Código Penal, que establece el abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima. Sin embargo, la defensa argumenta que esta figura penal hace referencia al "consentimiento" por parte de la víctima, mientras que la Fiscalía la subsume en un tipo penal que contradice dicha interpretación.
La jueza de Control de Garantías, Corina Pérez, hizo lugar al planteo de la defensa y declaró la nulidad de oficio. En consecuencia, se anuló el decreto de determinación del hecho y la elevación a juicio firmada por la fiscal Virginia Duarte Acosta.
Ahora, la Fiscalía tiene un plazo de 10 días para redactar un nuevo decreto de determinación del hecho, adecuando correctamente la calificación legal de los hechos imputados. Este proceso permitiría subsanar el error cometido y dar continuidad al proceso judicial con los términos y fundamentos legales adecuados.