En las últimas horas, la Justicia procedió a la detención de 2 individuos, AgustÃn Contreras y Maximiliano Moreno, quienes estarÃan implicados en un caso de abuso sexual contra una adolescente. El hecho habrÃa ocurrido en las inmediaciones del polideportivo de la Capital luego de una fiesta de presentación de buzos. Se espera que se realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los acusados.
Por otro lado, el Juzgado de Control de GarantÃas de Recreo anuló una causa por abuso sexual en la que se imputaba a un hombre por ultrajes contra su hija y la hija de su pareja. La decisión se basó en la errónea calificación legal realizada por la FiscalÃa, lo que generó la necesidad de redactar un nuevo decreto de determinación del hecho.
La defensa del acusado, representada por el abogado Luciano Rojas, planteó la nulidad de la causa argumentando que los hechos imputados a su cliente estaban mal calificados legalmente. Según Rojas, existe una discrepancia entre la conducta descrita y la normativa correspondiente. La falta de congruencia entre el hecho y la calificación legal afectarÃa las posibilidades defensivas del imputado.
En concreto, el hombre estaba imputado según el artÃculo 120 del Código Penal, que establece el abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la vÃctima. Sin embargo, la defensa argumenta que esta figura penal hace referencia al "consentimiento" por parte de la vÃctima, mientras que la FiscalÃa la subsume en un tipo penal que contradice dicha interpretación.
La jueza de Control de GarantÃas, Corina Pérez, hizo lugar al planteo de la defensa y declaró la nulidad de oficio. En consecuencia, se anuló el decreto de determinación del hecho y la elevación a juicio firmada por la fiscal Virginia Duarte Acosta.
Ahora, la FiscalÃa tiene un plazo de 10 dÃas para redactar un nuevo decreto de determinación del hecho, adecuando correctamente la calificación legal de los hechos imputados. Este proceso permitirÃa subsanar el error cometido y dar continuidad al proceso judicial con los términos y fundamentos legales adecuados.
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