El gobierno argentino ha anunciado que eximirá a más de 600 mil trabajadores de los impuestos sobre ganancias que deben pagar por sus adicionales salariales. La medida, que entrará en vigor en mayo, beneficiará a trabajadores de sectores como la salud, la seguridad y la educación, que han estado en la primera línea durante la pandemia del COVID-19.
La mejora salarial de bolsillo, según los rubros en los que se desempeñe cada empleado, será de hasta un 16 por ciento, indicaron fuentes de la cartera económica.
Entre los conceptos que ya no pagarán el impuesto, generando un impacto positivo en los salarios de los trabajadores alcanzados, se encuentran los bonos de productividad, el fallo de caja y conceptos de naturaleza similar; los de movilidad, los viáticos y otros compensaciones análogas, y la horas extras, adicionales por turno rotatorio e ítems similares.
El anuncio ha sido bien recibido por los sindicatos y trabajadores afectados, que han estado haciendo campaña durante mucho tiempo para que se eliminen los impuestos sobre ganancias en los adicionales salariales. Según el gobierno, la medida beneficiará a unos 500 mil trabajadores de la salud, 60 mil trabajadores de la seguridad y 40 mil trabajadores de la educación.
El gobierno ha dicho que la medida se financiará con fondos ya asignados en el presupuesto nacional y que no tendrá un impacto significativo en las finanzas públicas. La medida es una respuesta a las preocupaciones planteadas por los sindicatos y trabajadores sobre la carga fiscal adicional que se les impone en momentos en que están trabajando arduamente para hacer frente a la pandemia del COVID-19.
Si bien la medida beneficiará a muchos trabajadores, algunos críticos han señalado que sigue siendo necesaria una reforma más amplia del sistema tributario argentino para abordar los problemas estructurales que han llevado a una creciente carga fiscal para los trabajadores. A pesar de esto, la medida ha sido ampliamente elogiada como un paso positivo para aliviar la carga fiscal de los trabajadores de sectores clave en Argentina.
La norma se oficializó mediante un dictamen de la Subsecretaría de Ingresos Públicos (SSIP) junto con una resolución del Ministerio de Economía y la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
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