El fiscal federal de Catamarca, Santos Reynoso, inició una investigación preliminar sobre una posible contaminación en la operación de litio que llevan a cabo empresas en el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra, en particular con el uso del agua en el río Los Patos.
Para ello, Reynoso remitió pedidos de información al Ministerio de Minería de Catamarca con el fin de que precise cuáles son las empresas mineras que realizan trabajos de explotación en el salar y cuándo comenzaron su operación, además de anexar los informes de impacto ambiental en cada caso. Para el fiscal, es necesario saber cómo las empresas utilizan los recursos del suelo, y puntualmente el agua de los cauces naturales.
La resolución remitida a Minería tiene fecha 28 de marzo. El antecedente fue un oficio enviado a su despacho por el fiscal general Antonio Gustavo Gómez, del Juzgado Federal de Tucumán, quien se hizo eco de publicaciones en redes sociales de las agrupaciones “Antofagasta por el Agua” y “Agua Pucará” en las que advierten por un posible impacto ambiental negativo en el río Los Patos de parte de las empresas Livent, Posco y Galaxy.
De acuerdo con los informes de impacto ambiental, las operaciones de esas empresas “se extraerían más de 3 millones de litros de agua por día a través de un acueducto que se construyó a pesar de la oposición de los pobladores”.
Gómez también menciona una publicación del grupo “Agua Pucará” en su cuenta de Instagram en la que advierte sobre un “’mal’ manejo de los residuos químicos que caerían directamente sobre la tierra; una caldera de humo tóxico que funcionaría las 24 horas del día, todo el año; y animales de la zona que comerían de los residuos químicos generados por la empresa Livent”.
Por otra parte, el fiscal general considera necesario investigar una probable “defraudación al fisco nacional por parte de Livent”, en función de un informe de la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA), según el cual esa minera habría sobrefacturado “no menos del 83%” en la venta de litio durante 2018 y 2019. Para Gómez, esos hechos permiten razonas que “nos encontraríamos en presencia de delitos de índole federal” susceptibles de ser investigados.
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