Durante el 2021, tras la imputación de Roberto Gómez, excandidato a gobernador de Catamarca y dirigente de la Unión Cívica y Radical, un grupo de mujeres radicales se unieron para impugnar su candidatura a la presidencia del partido.
El Tribunal de Conducta del radicalismo en Catamarca acusó al grupo "Ramonas Atrevidas" de tener “conductas antipartidarias” y las suspendió por cinco meses. El propio partido denunció a las mujeres que no respaldaron al compañero acusado por abuso sexual y maltrato laboral, por su exempleada.
Recién dos años después, durante el 2021, el fiscal Jonathan Felsztyna imputó al dirigente. Sin embargo, el juez de Control de Garantías, Ramón Porfirio Acuña dictó el sobreseimiento total y definitivo para el dirigente de la Unión Cívica Radical.
INFORAMA entrevistó a María Luisa Moreno, dirigente radical y parte del grupo de Ramonas Atrevidas: "Nos posicionamos ante la violencia de género desde la lucha permanente, tratamos de imponer capacitaciones en Género y Derechos Humanos. También generamos la emisión de documentos políticos en apoyo a las víctimas de violencia dentro del partido y fuera, sobre todo cuando los victimarios son dirigente políticos o funcionarios. Somos la cara visible en abordar estas temáticas", comentó.
"La respuesta local del partido siempre fue el silencio y sigue siéndolo, no así a nivel nacional. En noviembre de 2022 fuimos invitadas por el comité nacional en el marco del 25 N para hablar de violencia política, junto con la Fundación Alem. Fue muy importante que el partido a nivel nacional nos reivindique", explicó Moreno.
La Cámara Nacional Electoral anulo la sanción y la situación contó con el respaldo de la Organización de los Estados Americanos. Según María Luisa, se trata de una situación inédita, ya que es "la primera vez que la justicia hace referencia a violencia política por cuestiones de género".
Gabriela Nieva Larcher (secretaria del Comité Provincia), Natalia Herrera (vicepresidenta segunda del Comité Provincia), María Luisa Moreno (secretaria titular del Comité Capital), Claudia Vera (delegada al Comité Nacional), Jessica Nieto (convencional por la Capital), Vilma Canceco (secretaria del Comité Provincia) y Gabriela Lobo Vergara (vicepresidenta de la Juventud del Comité Provincia), fueron las alcanzadas por la medida.
Un comité de expertas de la OEA realizará una visita al país para recabar información sobre los casos de violencia política contra la mujer que se han registrado en los últimos meses. El objetivo es recabar información y generar recomendaciones sobre cómo avanzar para enfrentar y erradicar la violencia política contra mujeres y por razones de género.
"Todavía no recibimos invitación para esta reunión. Igual en Bs As esta María Inés Tula, politologa y especialista en violencia política por género que acompaño todo nuestro proceso y puede ser ella invitada para contar nuestro caso", explicó Moreno.
Poder e influencia política
En Argentina, la Ley Nº 26.485 establece la Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres, sin embargo, en la mayoría de aristas políticas, como en cualquier otro grupo social, los encubrimientos de abusos son una materia pendiente.
"Seguimos insistiendo que aquellos que tienen denuncias vinculadas a los delitos establecidos en la ley 26485 hagan a un paso al costado hasta que la justicia se expida por una cuestión de ética y por respeto a sus denunciantes. En eso seguiremos insistiendo con eso. Al igual que funcionarios que están en el poder, soliciten una licencia o renuncien a sus cargos", explicó la dirigente radical.
"Las personas que tienen poder político y económico suelen ser muy hábiles para sortear denuncias penales y/o salir airosos. Pero hay situaciones de vulneración de derechos donde las víctimas no pueden denunciar porque son acalladas o silenciadas. O porque pueden perder su fuente laboral o le consiguen trabajo. Y cuando las victimas denuncian es difícil que el proceso judicial avance o consigan sobreseimientos, por eso insistimos también que los operadores y quienes administren justicia se formen en perspectiva de género, es urgente", concluyó la ex directora de INADI.
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