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Juicio político a la Corte: El Gobierno amplió la recusación a los jueces

La presentación la hizo el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Aseguró que los jueces del máximo tribunal deben nombrar conjueces para resolver la recusación.

Por Redacción Inforama

El gobierno nacional extendió la recusación contra los jueces de la Corte Suprema en la causa por la coparticipación. La presentación, con la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, menciona el pedido de juicio político contra los magistrados y los supuestos chats entre un funcionario del máximo tribunal y el ex ministro porteño Marcelo D”Alessandro.

Con la firma del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, en esta ampliación de la recusación impulsada en diciembre último el Gobierno, se incorporó el pedido de juicio político contra Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Se dedicó parte de esta nueva presentación a la filtración de los supuestos chats que se enviaban un estrecho colaborador del titular de la Corte, Silvio Robles, y el exministro porteño Marcelo D´Alessandro.

También se planteó que para resolver la recusación los jueces de la Corte deberían convocar a conjueces, elegidos entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país. “A todo evento, y si bien están configuradas circunstancias que justifican sobradamente la recusación aquí articulada, solicito que los señores jueces integrantes del Tribunal se excusen de intervenir de aquí en más en el trámite de estos actuados, por razones de decoro y/o delicadeza vinculadas con el ejercicio de la función jurisdiccional”, dice la presentación.

En el caso de Rosatti, la ampliación de la recusación se basa en la aparición de dos hechos “nuevos”: los supuestos chats entre D’Alessandro y su secretario privado, Silvio Robles, y el juicio político que tramita ante el Congreso.

Para tener un poco más de contexto: a finales del año pasado, el presidente Alberto Fernández pidió la recusación de Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti y el Gobierno presentó también un pedido de revocatoria "in extremis" contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que se destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la CABA.