El intendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo “Guillo” Ferreyra (FDT), aseguró que no se cree destinatario del proyecto de ley presentado por la diputada provincial oficialista Verónica Mercado, quien propone sancionar a los funcionarios que hagan propaganda política a su favor con fondos públicos.
“Podemos ver día a día cómo algunos/as funcionarios/as imprimen su nombre propio o apodo a la folletería o bienes institucionales de la repartición cuya administración les ha sido conferida, convirtiendo a los bienes del pueblo en herramientas de propaganda política personalista, atravesando todos los límites de la ética pública”, afirma Mercado en los fundamentos de su iniciativa.
Y en ese sentido propone establecer que “en ningún caso esta propaganda podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de funcionario/a público alguno o generación de impresión negativa contra persona u organización determinada”.
Ferreyra y Mercado animan desde hace un par de años una acalorada interna en el oficialismo de Fray Mamerto Esquiú, aunque todavía no se enfrentaron en las urnas. Por otro lado, una de las características de la gestión Ferreyra es su alto nivel de exposición y la inclusión de su apodo, “Guillo”, en cartelería y objetos públicos municipales.
Hoy, consultado por Tveo Noticias acerca de si se siente aludido por el proyecto de Mercado, Ferreyra dijo que eso “habría que preguntarle a Vero (sic), a quien yo quiero mucho y ojalá que pueda seguir colaborando desde el lugar donde está”.
“Si eso fue para nosotros, no nos hacemos cargo. Es parte de representar la gestión… Yo le devuelvo eso con un beso y que le vaya bien”, concluyó.
Razones
En sus fundamentos, el proyecto de Mercado destaca que “actualmente es común ver el nombre de una autoridad destacándose en los carteles de anuncio por encima de la obra inaugurada, la utilización de recursos humanos para la realización de campañas electorales, el uso indiscriminado de la pauta oficial de forma tendenciosa y alusiva a una determinada personalidad, la participación en actos públicos de respaldo personal, la utilización de bienes tanto del dominio público como del dominio privado del estado durante períodos de campaña y gestiones, insignias y apodos de funcionarios y funcionarias en los bienes públicos, entre otros ejemplos que se pueden citar y que ilustran la imperiosa necesidad de establecer un marco regulatorio que erradique esas prácticas de culto personalista”.