Uno de los puntos más controvertidos era requerir que los jueces federales no estuviesen exentos de pagar el Impuesto a las Ganancias, un tributo nacional obligatorio para la gran mayoría de la población argentina. El Impuesto a las Ganancias se aplica a todas las ganancias obtenidas en un año fiscal, equivalente a los rendimientos, rentas o enriquecimientos producidos por una persona o empresa.
Esta solicitud, presentada como un artículo nuevo en el proyecto del Presupuesto, fue impulsada por el bloque oficialista del Frente de Todos (FdT). No obstante, el bloque de la oposición, conformado por Juntos por Cambio (JxC), los partidos de izquierda y los partidos libertarios, no acompañó ni adhirió a la modificación, la cual proponía que jueces, fiscales e integrantes del Poder Judicial pagaran Ganancias.
Finalmente, la Cámara de Diputados de la Nación, con 134 votos en contra, rechazó el artículo propuesto por el oficialismo, en una sesión donde la oposición sostuvo que permitir el cobro del impuesto significaba perjudicar a los trabajadores del Poder Judicial.
Si bien los jueces seguirán sin pagar el Impuesto a las Ganancias, el gobierno oficialista logró conseguir media sanción del proyecto del Presupuesto 2023 en un recuento de 180 votos positivos, 22 negativos y 49 abstenciones.