El pasado martes, las fuerzas federales organizadas junto a la policía de Río Negro desalojaron varios predios en las inmediaciones de la ruta 40, en la localidad de Villa Mascardi, en un procedimiento que culminó con la detención de siete mujeres del asentamiento mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.
Cuatro de las siete mujeres detenidas durante el operativo de desalojo en Villa Mascardi recibieron prisión domiciliaria por su condición de madres, mientras que las tres restantes permanecen en la unidad regional V de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de la ciudad de Bariloche luego de que la jueza federal Silvina Domínguez rechazara las excarcelaciones.
Las tres personas que siguen detenidas en la sede regional de la PSA son Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera, el sábado por la tarde fueron trasladadas de regreso a Bariloche, por decisión de la jueza. Las mujeres de la comunidad mantienen una huelga de hambre, en reclamo de su liberación y el cese de la «persecución al pueblo mapuche».
Las mujeres detenidas denunciaron haber recibido «amenazas de muerte» y dijeron que fueron violentadas «física, emocional, psicológica y culturalmente».
Retornaron Martha Luciana Jaramillo, que también es madre, por lo que recibió el beneficio de la prisión domiciliaria junto a Betiana Collhuan, Celeste Guenumil y Romina Rosas, las dos primeras por tener hijos y en el caso de Rosas, por cursar un embarazo de 40 semanas.
Acerca de la imputación
Las mujeres detenidas en el operativo que comandó la jueza Domínguez, están imputadas como coautoras de los delitos de usurpación por despojo y usurpación por turbación de la posesión, en concurso real entre sí.
La jueza, que rechazó la excarcelación de todas las mujeres, analizó de manera particular cada caso pero con fundamentos similares. Las cuatro mujeres que se les concedió la prisión domiciliaria, son madres de niños menores de 4 años.