La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto de Consenso Fiscal firmado en marzo pasado por el presidente Alberto Fernández y 21 mandatarios provinciales. San Luis, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedaron por fuera de dicha rúbrica.
El objetivo de este proyecto es buscar acuerdos en torno a políticas tributarias y “lograr equilibrios en el control de la evasión impositiva” en todo el país. El debate más álgido se centró en que, para algunos sectores, significa dar “pulgar arriba” a las provincias para aplicar aumentos a discreción.
Según constata la Agencia Telam, el nuevo consenso fiscal prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.
El eje del debate de los legisladores de las distintas fuerzas fue si el acuerdo fiscal permite aumentar impuestos provinciales como Sellos e Ingresos Brutos, al dejar sin efecto la obligación de la baja de esos tributos firmado en el pacto del 2017.
Los diputados por Catamarca Silvana Ginocchio, Dante López Rodriguez y Anahí Costa dieron su voto afirmativo al proyecto en consonancia con lo dispuesto en su momento por el gobernador Raúl Jalil.
Por su parte, Francisco Monti (UCR - Juntos por el Cambio) fue uno de los 4 diputados que se abstuvo de votar el proyecto, mientras que el referente de la Coalición Cívica, Rubén Manzi, lo hizo en contra.
Ley de Consenso Fiscal 2022
Consiste en un acuerdo federal que busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo que las distintas decisiones se adopten “en un marco de estabilidad jurídica a la vez que aseguren una armonización tributaria”.
También contiene un capítulo denominado "endeudamiento responsable", que determina que las provincias podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo a través de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito y que en materia de "responsabilidad fiscal" fija que "la regla de límite de crecimiento del gasto estará regida en todos los casos por el incremento del PIB", entre otras cuestiones.
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