Según informó hoy el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont, la justicia ya habilitó 1.269 medidas sobre activos digitales de personas que acumulaban pasivos impagos.
La AFIP incorporó en febrero último a las billeteras virtuales al listado de activos sobre los cuales puede solicitar la traba de embargos con el objetivo de asegurar el cobro de obligaciones impagas acumuladas.
La decisión le permitió al organismo ampliar su capacidad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. A lo largo de los últimos cuatro meses, juzgados de todo el país autorizaron los 1.269 embargos por más de $800 millones sobre billeteras virtuales.
Magistrados de distintas provincias, entre las que se nombra como una de las primeras a Catamarca, además de Tucumán, Santa Fe, San Juan, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Misiones, distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, entre otros, aprobaron las solicitudes realizadas por funcionarios y funcionarias de la AFIP con el objetivo de recuperar los montos adeudados a través de embargos a activos digitales.
Los embargos sobre contribuyentes morosos que la Administración Federal requiere a la justicia se concretaban sobre cuentas bancarias, bienes muebles, inmuebles y créditos, entre otros. El desarrollo de los medios electrónicos de pago y su uso llevó a la AFIP a incluir a las cuentas digitales en el listado de activos pasibles de ser embargados para cobrar deudas.
Para determinar sobre qué cuentas solicitar la traba de embargos, el organismo se abastece del régimen informativo que, como sucede con las entidades financieras, obliga a las empresas del sector a reportar información referida a las cuentas de sus clientes.
Sobre las ejecuciones de las deudas fiscales, estas se suspendieron durante nueve meses como parte de las herramientas implementadas para mitigar los efectos económicos de la pandemia del Covid-19. A lo largo de este período, se puso a disposición de los contribuyentes distintas opciones que permitieron avanzar en la regularización de pasivos que se acumularon por diversas razones.
En esta línea, bajo el proceso de recuperación económica que experimenta el país y con el objetivo de proteger el interés fiscal, la agencia de Gobierno que lidera del Pont retomó en febrero las ejecuciones fiscales. La AFIP hizo foco en quienes consideró más riesgosos y con mayores montos de deuda.
