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Donaron alimentos decomisados: destinaron la mercadería a programas sociales

La donación, destinada a programas de alimentación y desarrollo, sigue las directrices de la FAO y acciones internacionales para combatir el hambre y reducir el desperdicio alimentario.
Por Lourdes Costanzo

En una muestra de aprovechamiento responsable de recursos, el Secretario de Comercio Interior, Carlos Segura, y la Directora Provincial de Defensa del Consumidor, Mónica Avellaneda, entregaron al Director Provincial de Igualdad de Oportunidades (PIO), Sebastián Ortiz, una destacada cantidad de alimentos decomisados en diversos operativos de inspección. Estos productos, que llevaban la leyenda de "sujeto a venta fuera del comercio", encontraron un nuevo propósito en la contribución a programas de alimentación y desarrollo.

La donación se ajusta a las directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y se alinea con los esfuerzos internacionales para abordar la crisis alimentaria y reducir el desperdicio de alimentos. La acción busca no solo brindar ayuda inmediata a aquellos en situación de vulnerabilidad, sino también participar activamente en la promoción de la redistribución de recursos alimentarios de manera sostenible.

La articulación de la entrega se llevó a cabo en concordancia con los principios de la FAO y la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, que destacan la importancia de desempeñar un papel activo en la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos.

La mercadería decomisada se someterá a procesos de transformación y distribución, siguiendo las directrices de la FAO para la reducción del hambre y la promoción de la seguridad alimentaria.

La Secretaría de Comercio Interior inició sumarios administrativos relacionados con el decomiso de estos productos, tomando medidas para garantizar que la mercadería retirada de la circulación se utilice de manera efectiva en beneficio de la comunidad.

Además, se solicitó una investigación de la justicia penal para determinar si hay alguna responsabilidad legal en los hechos constatados durante los procedimientos de inspección.