La alianza de JxC, representada por sus apoderados Luis María Lobo Vergara y Darío Ezequiel Stern, solicitó una investigación sobre la posible comisión de delitos electorales de acción pública.
La denuncia se refiere a la realización de actos de gobierno en la jurisdicción del Departamento Tinogasta, específicamente en la localidad de Fiambalá, durante el período de restricción electoral establecido en el Código Electoral Nacional.
El artículo 139 del Código Electoral Nacional establece penas de prisión para quienes afecten la sinceridad del voto, incluyendo la coerción de un elector para votar de una manera específica. El artículo 64 quater prohíbe la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo, y cualquier acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de candidatos a cargos públicos electivos nacionales durante los 25 días previos a las elecciones.
Los apoderados de JxC alegan que funcionarios y candidatos del Frente Unión por la Patria, incluyendo al gobernador de la provincia Raúl Jalil y la intendente de Fiambalá Roxana Paulón, están llevando a cabo campañas electorales utilizando bienes del Estado. En este contexto, se anunció la entrega de beneficios a productores viñateros en Fiambalá el 17 de octubre, una acción que consideran viola la restricción electoral.
La alianza Juntos por el Cambio solicitó al Juez Federal que ordene el cese inmediato de estas actividades y la eliminación de anuncios relacionados en las redes sociales del municipio. Esta denuncia busca garantizar la igualdad y transparencia en el proceso electoral.
"Estamos en presencia de la presunta comisión de la conducta típica descrita al estar desarrollándose la publicidad de actos de gobierno en un período prohibido, con el claro objetivo de conseguir la captación indebida de votos a su favor para las próximas Elecciones Generales del 22 de octubre"
Señalaron los apoderados de JxC en su denuncia.
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