Las diputadas oficialistas, Claudia Palladino, Mónica Zalazar y Natalia Ponferrada presentaron un proyecto de ley con el objetivo de que se declare por 2 años la emergencia pública en violencia de género en la provincia. Buscan que se concrete este año para que sea incluido en el presupuesto del año que viene.
La iniciativa legislativa pretende la implementación de un programa surgido del Estado que involucre a todos los ministerios y los recursos presupuestarios para llevar a cabo las acciones pertinentes para tratar de dar una solución al flagelo.
Las legisladoras apuntan a revertir el número de mujeres y personas del colectivo LGBTIQA+ en situación de violencia de género al reforzar la política preventiva y optimizando los recursos del Estado. Instan a la reasignación de las partidas presupuestarias necesarias para el 2023 y que se fijen recursos en el Presupuesto para el 2023 y el 2024.
Las diputadas proponen la creación de refugios o dispositivos de asistencia y albergue para mujeres, con hijos e hijas si los hubiere, y personas del Colectivo LGBTIQA+ en situación de violencia.
En el caso de que el Estado no cuente con los inmuebles, señalan que se debe alquilar unidades en hoteles o residenciales. Dentro de la iniciativa establecen políticas de asistencia económica para mujeres y personas del Colectivo LGBTIQA+ en situación de violencia de género que se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
El proyecto también contempla que las y los agentes públicos de las fuerzas de seguridad que se negasen u obstaculicen “la recepción de una denuncia por violencia de género o vulneración de los derechos de la diversidad y no diere curso inmediato a las denuncias sobre personas extraviadas o desaparecidas a la Justicia es pasible de una sanción de expulsión si se acreditase su responsabilidad”.
Sugieren que “el funcionario público con condena firme por delitos cometidos en ocasión de violencia de género o por ser perpetrados contra personas del Colectivo LGBTIQA+ en razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género queda inhabilitado para ejercer la función pública”.
La fundamentación señala que “toda política estatal debe ser esencialmente, una herramienta y un medio de prevención que posicione al Estado frente a esta complejidad permitiéndole instalar políticas públicas”.
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