La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Washington, resolvió en contra de la Argentina en el juicio impulsado por el fondo Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. El tribunal confirmó un fallo que reconoce una indemnización superior a los US$390 millones y rechazó el planteo presentado por el Estado argentino sobre el plazo de prescripción aplicable al caso.
La decisión representa un nuevo revés judicial para el país en una causa que se originó tras la estatización de la aerolínea de bandera en 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El conflicto comenzó a partir de la expropiación de las participaciones accionarias en Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas.
En 2017, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) condenó a la Argentina a pagar una indemnización cercana a los US$321 millones, además de intereses y costas judiciales. Aunque el Estado argentino solicitó la anulación del laudo, esa petición fue rechazada y la resolución quedó firme en 2019.
Posteriormente, Titan Consortium, que adquirió los derechos económicos derivados del laudo, inició el proceso para ejecutar la sentencia ante la Justicia de Estados Unidos.
La apelación fue rechazada
En primera instancia, la Corte de Distrito de Columbia determinó que el plazo de prescripción aplicable era de 12 años, desestimando el argumento de la Argentina, que sostenía que debía aplicarse un límite de tres años.
Además, reconoció un monto actualizado de US$390.907.115,55, calculado hasta diciembre de 2024, al que deberán sumarse los intereses posteriores.
La Cámara de Apelaciones confirmó ahora esa interpretación y ratificó íntegramente la decisión del tribunal inferior.
La respuesta del Gobierno
Tras conocerse el fallo, la Procuración del Tesoro de la Nación informó que se encuentra evaluando las alternativas legales disponibles para intentar revertir o reducir el impacto económico de la sentencia.
Desde el organismo sostuvieron que el litigio es consecuencia de procesos iniciados años atrás y señalaron que el Estado continuará utilizando las herramientas judiciales previstas para la defensa de los intereses argentinos.
