En una resolución de alto impacto institucional, el Juez de Control de Garantías de Cuarta Nominación, Marcelo Sago, solicitó formalmente a la Cámara de Diputados de la Provincia el desafuero del legislador José Javier Galán.
La medida busca que el diputado del bloque MID sea sometido a un proceso penal ante la existencia de "sospecha fundada" de la comisión de diversos delitos.
En su resolución, Sago fundamentó el pedido de desafuero señalando que la inmunidad parlamentaria no debe ser un obstáculo para el acceso efectivo a la justicia. El magistrado explicó que, mientras persistan los fueros, el Poder Judicial se ve imposibilitado de ordenar medidas probatorias esenciales como allanamientos y secuestros de elementos en posesión del legislador.
"El mantenimiento de la inmunidad frente a indicios serios de la comisión de delitos que comprometen tanto la integridad de un testigo como la regularidad en el empleo de fondos públicos, resultaría incompatible con el sistema republicano", destaca el auto interlocutorio.
En los fundamentos de la resolución, el juez sostuvo que el pedido de desafuero busca compatibilizar la independencia funcional del Poder Legislativo con el ejercicio de la función jurisdiccional, garantizando que la investigación pueda desarrollarse sin afectar las garantías institucionales ni obstaculizar el accionar de la Justicia.
La investigación se inició tras la denuncia de Iván Ernesto Luna Avellaneda, quien prestaba servicios como asesor legislativo del diputado. Según el relato de la víctima, el pasado 2 de mayo, Galán lo interceptó en el Corralón "San Javier" —comercio de propiedad del legislador— y, tras llevarlo a una zona fuera del alcance de las cámaras de seguridad, desenvainó un puñal.
Bajo la exhibición del arma blanca, Galán habría intimidado a Luna Avellaneda para que declarara falsamente en una causa conexa por abuso que involucra al diputado, exigiéndole que negara conocer a otra empleada y que ocultara su propia relación laboral con el legislador. El denunciante manifestó haber sentido un profundo temor por su vida durante el episodio.
Desvío de fondos públicos y "retornos" salariales
Además de las amenazas calificadas, el tribunal investiga una trama de corrupción que involucra el uso indebido de recursos del Estado. Se acusa a Galán de peculado de trabajos o srvicios, debido a que habría utilizado a empleados de la Cámara de Diputados, cuyos sueldos se pagan con fondos públicos, para cumplir tareas en su empresa privada, el Corralón "San Javier".
Asimismo, se le imputa el delito de exacciones ilegales. La denuncia sostiene que el diputado exigía sistemáticamente a sus asesores la entrega de una parte de sus haberes legislativos, los cuales debían ser transferidos a terceras personas bajo sus indicaciones.
La justicia detectó una coincidencia sustancial entre este relato y testimonios previos en causas similares, lo que dota de "objetiva verosimilitud" a las acusaciones.
Ahora, la decisión queda en manos de la Cámara de Diputados, que deberá sesionar para definir si habilita el avance de la causa contra Galán por los delitos de amenazas calificadas, peculado y exacciones ilegales, todos en concurso real y en calidad de autor.
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