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Catamarca se prepara para aplicar la nueva Ley Penal Juvenil y la baja de imputabilidad a 14 años

La provincia de Catamarca avanza en la adecuación de su sistema judicial ante la inminente implementación de la Ley 27.801, una reforma que modificará el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal y que establece la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años. La nueva normativa comenzará a aplicarse a partir de septiembre.

En este contexto, los jueces del fuero Penal Juvenil, Rodrigo Morabito y Fabricio Gershani Quesada, encabezaron una jornada de capacitación destinada a magistrados, funcionarios judiciales y equipos interdisciplinarios de toda la provincia. La actividad se desarrolló en la Universidad Nacional de Catamarca, en la ciudad de Belén, y formó parte del proceso de preparación institucional previo a la entrada en vigencia del nuevo régimen.

La capacitación fue organizada por la Escuela de Capacitación Judicial y contó con la participación de la ministra de la Corte de Justicia de Catamarca, Fernanda Rosales Andreotti. Durante el encuentro se abordaron los principales desafíos que implicará la implementación de la reforma, entre ellos la adecuación de procedimientos judiciales, la articulación con organismos estatales y el fortalecimiento de medidas socioeducativas destinadas a adolescentes involucrados en causas penales.

Desde el ámbito judicial señalaron que la provincia ya trabaja en la reorganización de su estructura para responder a uno de los cambios más significativos de los últimos años en materia de justicia penal juvenil. La nueva legislación demandará modificaciones operativas y una mayor coordinación entre distintos organismos vinculados a la protección, seguimiento y tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley.

La entrada en vigencia de la Ley 27.801 marcará un cambio profundo en el sistema penal juvenil argentino y Catamarca comenzó a delinear las herramientas necesarias para afrontar el nuevo escenario judicial. La preparación anticipada del Poder Judicial busca garantizar una aplicación adecuada de la normativa y fortalecer los mecanismos de intervención estatal frente a situaciones que involucren a adolescentes.