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Nueva ley de Discapacidad: el Gobierno propone reempadronar beneficiarios y cambiar el sistema de pensiones

El proyecto ingresó al Senado y propone modificar el sistema actual: endurece requisitos, redefine beneficios y cambia el esquema de prestaciones.

Por Redacción Inforama

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que introduce cambios en el sistema de discapacidad, con eje en el reempadronamiento obligatorio de beneficiarios y una revisión integral de las pensiones no contributivas por invalidez.

La iniciativa, titulada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, ingresó por el Senado y plantea modificaciones a la normativa vigente, incluyendo la derogación de artículos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Reempadronamiento y controles

Uno de los puntos centrales del proyecto establece que todos los titulares de pensiones deberán revalidar su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales.

En caso de no cumplir con este requisito, se prevé la suspensión automática del beneficio. Además, se incorpora un sistema de cruces de datos entre organismos como ANSES y otros entes estatales para detectar inconsistencias.

Cambios en las pensiones

El texto fija que las pensiones por invalidez equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio y elimina la posibilidad de otorgar adicionales por zona o condiciones específicas.

También establece la incompatibilidad con el empleo formal, lo que implicaría que una persona no podría mantener la pensión si accede a un trabajo registrado.

Modificaciones en el sistema de prestaciones

El proyecto introduce cambios en el esquema de financiamiento y funcionamiento del sistema. Entre ellos, habilita acuerdos entre Nación y provincias para la administración de fondos y modifica el esquema actual de aranceles.

Según el texto, esto implica una reorganización del sistema de prestaciones, con ajustes en la forma en que se determinan y actualizan los valores.

Debate en el Congreso

La iniciativa llega en un contexto de debate sobre la política pública en discapacidad y deberá ser tratada en el Congreso, donde se espera discusión sobre el alcance de las modificaciones.

De aprobarse, el proyecto implicaría cambios en los criterios de acceso, control y financiamiento del sistema vigente.