El PAMI quedó en el centro de la escena tras la detección de nuevas irregularidades en el sistema de prestaciones médicas, que incluyen desvíos millonarios y atención a beneficiarios inexistentes.
Según revelaron auditorías internas, en los últimos 90 días se validaron 4.409 órdenes médicas a nombre de supuestos Veteranos de Guerra que no contaban con ese beneficio, lo que generó un perjuicio superior a los $102 millones.
Investigaciones y médicos bajo la lupa
Por este caso, el organismo investiga a más de 400 médicos de cabecera, lo que representa el 5,6% de la nómina total.
Además, los controles detectaron situaciones llamativas: profesionales que registraban atenciones en distintos puntos geográficos con pocas horas de diferencia, algo imposible en la práctica.
Prestaciones imposibles
Las auditorías también identificaron volúmenes de atención difíciles de justificar.
Uno de los casos más extremos se dio en el área de gastroenterología, donde un prestador declaró haber realizado 283 prácticas en apenas cinco horas, con solo dos quirófanos disponibles.
Según los auditores, estos números exceden ampliamente cualquier capacidad operativa razonable.
Cambios para reforzar el control
Ante este escenario, el PAMI avanzó con la implementación del nuevo Nomenclador de Médicos de Cabecera, oficializado mediante la Resolución 1107/2026.
El sistema busca unificar prestaciones, ordenar códigos y mejorar los mecanismos de control sobre la atención médica.
Entre los principales cambios, se destaca:
- La integración de prácticas en un esquema unificado
- La eliminación de códigos individuales
- Un mayor peso del sistema de pago por cápita
Regularización de pagos
En paralelo, el titular del organismo, Esteban Leguízamo, aseguró que comenzaron a normalizar los pagos a prestadores.
“Los vencimientos de deuda al 31 de marzo están regularizados y los de abril se están abonando”, afirmó.
Auditorías y denuncias
Desde el PAMI remarcaron que el foco está puesto en ordenar, auditar y dar previsibilidad al sistema.
“Esta gestión audita”, sostuvo Leguízamo, y aseguró que los controles buscan garantizar el uso correcto de los recursos.
Las nuevas irregularidades se suman a denuncias previas por fraude, sobrefacturación y recetas truchas, que ya derivaron en sumarios, sanciones y presentaciones judiciales.
El escándalo vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de la obra social más grande del país, que brinda cobertura a más de 5 millones de afiliados.
