La exdiputada provincial y presidenta del Partido Intransigente, Adriana Díaz, cuestionó con dureza al concejal Diego Figueroa (LLA-PRO) luego de que presentara un proyecto de ordenanza para prohibir que vendedores ambulantes o personas que soliciten limosna interrumpan a clientes en locales gastronómicos de la ciudad.
A través de una publicación en redes sociales, Díaz calificó la iniciativa como una medida que “criminaliza la supervivencia” y acusó al edil de buscar “borrar del paisaje urbano a las personas en situación de vulnerabilidad”.
“Su propuesta de prohibir a vendedores ambulantes y personas en situación de calle en locales gastronómicos no es solo una medida de ‘orden’, es una declaración de principios sobre qué cuerpos merecen habitar la ciudad y cuáles deben ser borrados del paisaje”, expresó la dirigente.
En su mensaje, Díaz también cuestionó una frase atribuida al concejal —“donde hay un cuidacoches, falta un policía”— y sostuvo que esa mirada “criminaliza la pobreza” al abordar la problemática desde una lógica de seguridad en lugar de políticas sociales.
Además, la dirigente trazó una comparación histórica con una polémica medida tomada durante la última dictadura militar, cuando el entonces gobernador de facto de Tucumán, Antonio Bussi, ordenó retirar mendigos de San Miguel de Tucumán y trasladarlos a la zona de la Cuesta del Totoral, en Catamarca.
“Esta obsesión por la ‘limpieza social’ nos trae una memoria cercana”, escribió Díaz, quien cuestionó que se planteen medidas orientadas a “esconder las consecuencias de la pobreza” en lugar de abordar sus causas.
El proyecto del concejal
La polémica se generó luego de que Figueroa presentara un proyecto de ordenanza orientado a proteger la “normal estadía, tranquilidad y seguridad” de los clientes en bares, restaurantes y otros comercios gastronómicos de la Capital.
Según explicó el edil, la iniciativa busca evitar que vendedores ambulantes o personas que pidan limosna aborden a los comensales, situación que —según planteó— “afecta la experiencia del usuario y la imagen turística de la ciudad”.
El proyecto establece que los propietarios de bares, restaurantes, confiterías, cervecerías y patios gastronómicos deberán impedir el ingreso o permanencia de personas que realicen ventas no autorizadas o soliciten limosna dentro de sus instalaciones.
Entre los puntos principales de la iniciativa se incluyen:
- Alcance total: la norma regiría para todos los establecimientos gastronómicos y comercios del ejido municipal.
- Deber de control: los responsables de los locales deberán impedir la circulación de vendedores ambulantes ajenos al personal o de personas que alteren el orden.
- Responsabilidad empresarial: los titulares de los negocios serán responsables del cumplimiento de la norma.
- Sanciones: el incumplimiento podría derivar en apercibimientos, multas e incluso clausuras temporarias.
Figueroa sostuvo que “no se trata de criminalizar la vulnerabilidad, sino de ordenar el uso del espacio privado habilitado y fomentar la actividad económica formal”.
La propuesta abrió un nuevo cruce político en torno a cómo abordar la presencia de vendedores ambulantes y personas en situación de calle en espacios comerciales, un debate que combina cuestiones de seguridad, actividad económica y políticas sociales en la ciudad.
