El juez Martín Cormick declaró la nulidad del denominado “protocolo antipiquetes”, implementado por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, al considerar que vulnera derechos constitucionales básicos vinculados a la protesta social. La decisión judicial fue adoptada tras hacer lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El fallo, firmado por el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, cuestiona la resolución 943/2023 y sostiene que el Poder Ejecutivo no puede dictar normas que restrinjan derechos como la libertad de reunión, de expresión y de petición a las autoridades.
En su resolución, el magistrado remarcó que la protesta social no puede equipararse automáticamente a un delito penal que habilite la intervención represiva inmediata de las fuerzas de seguridad sin orden judicial previa. De ese modo, la sentencia devuelve al ámbito del Poder Judicial la facultad de autorizar o no el uso de la fuerza pública ante manifestaciones en la vía pública.
El Gobierno rechazó el fallo y confirmó la apelación
Tras conocerse la decisión judicial, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que el Gobierno apelará la medida. A través de sus redes sociales, calificó el fallo como un intento de avanzar contra una herramienta que, según sostuvo, permitió garantizar el orden público.
“Sin protocolo no hay orden, hay caos”, expresó la funcionaria, quien aseguró que el protocolo cuenta con fundamentos técnicos, jurídicos y operativos, y afirmó que no darán marcha atrás.
En la misma línea se manifestó la ex ministra Patricia Bullrich, impulsora del protocolo, quien cuestionó al magistrado y sostuvo que la medida fue respaldada por otros jueces. “El orden no se negocia”, afirmó.
