La Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca resolvió, por mayoría, declarar el sobreseimiento de los imputados en la causa conocida como “Tragedia de la Alcaidía”. Resultaron beneficiados Adrián Antonio Mansilla, Luis Alberto Leiva, Juan Carlos Reyes y Adriana del Valle Galván.
El fallo se fundamenta en que transcurrieron 14 años desde el inicio de la causa por los hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2011, lo que configuraría una vulneración del derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable.
En su voto, la presidenta de la Sala Penal, María Fernanda Rosales Andreotti, sostuvo que el proceso sufrió múltiples dilaciones injustificadas como suspensiones reiteradas, inacción por parte de las autoridades judiciales y demoras en la fijación de audiencias. Según su criterio, esas fallas comprometieron seriamente la garantía constitucional de tutela judicial efectiva.
A su voto adhirió la ministra Rita Verónica Saldaño. En consecuencia, la Corte declaró la “insubsistencia de la acción penal”, lo que implica el sobreseimiento definitivo de los acusados.
Asimismo, el tribunal ordenó girar las actuaciones a la secretaría de sumarios para “iniciar tareas dirigidas a determinar la responsabilidad de quienes actuaron en el proceso”, poniendo en cuestión la actuación judicial durante estos años.
El ministro Hernán Martel se expresó en disidencia y consideró que el recurso presentado por los imputados no cumplía los requisitos de admisibilidad, en particular por la “falta de definitividad del decisorio atacado”, según lo normado por el código procesal aplicable. Por eso votó a favor de rechazar el sobreseimiento.
El hecho
La “Tragedia de la Alcaidía” refiere al incendio ocurrido el 9 de septiembre de 2011 en la celda de la alcaidía de menores de Catamarca, ubicado en avenida Colón y Mendoza, donde cuatro adolescentes, Franco Ezequiel Nieva (16), Nelson Alfredo Orlando Molas (17), Nelson Nahuel Fernández (15) y Franco Alejandro Sosa (16) murieron tras incendiarse los colchones que quemaron como protesta.
En 2014 los fiscales elevaron la causa a juicio, imputando a los policías por “homicidio culposo agravado por el número de víctimas fatales”.
A pesar de ello, entre 2018 y 2023 el juicio oral fue postergado en varias oportunidades por distintas apelaciones, suspensiones y planteos de las partes.
A lo largo de estos años, diversos sectores criticaron las demoras y denunciaron que la causa estaba marcada por dilaciones sistemáticas.
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