La investigación sobre la banda de estafadores acusados de engañar y despojar a, por ahora, medio millar de personas en Catamarca tiene dos etapas de desarrollo: una parte estaría en condiciones de ser elevada a juicio, mientras que la otra aún precisa más pruebas. La semana próxima será decisiva al respecto porque se esperan resultados de las pericias a los teléfonos secuestrados. No obstante, siguen apareciendo datos asombrosos sobre el “modus operandi” de los imputados.
Se trata de la causa por “asociación ilícita” que investiga el fiscal de Instrucción N°5; Hugo Costilla, para quien el comerciante Mario Rodrigo del Campo sería el líder de la organización, y que tenía como colaboradores directos a su pareja y abogada, Grisel Rocío Gordillo, Gastón Agulles, Juan Pablo Collantes y José Werfil Vega. Y además contaba con “aportes” estratégicos de empleados de la Justicia Comercial y de Ejecución, empleados de Catastro y del Registro de la Propiedad, policías y bancarios. Todos están imputados en distintos grados de responsabilidad y hoy gozan de libertad.
De acuerdo con la investigación realizada hasta la fecha, los actos cometidos por ese grupo tenían por objeto “garantizar la ejecución judicial de títulos de créditos (pagarés) de deudas existentes y aquellas con firmas apócrifas de los supuestos deudores, como así también de quien era titular de los créditos”.
Pero no solo ejecutaban pagarés, sino que el “segundo objetivo delictivo previsto por la empresa criminal fue la adquisición fraudulenta de bienes inmuebles y muebles registrables”. Así lo expresa la acusación.
El 25 de marzo pasado, Costilla ordenó la detención de 21 personas acusadas por ese delito y las indagó. Tres días después, en la audiencia de control de detención, presentó el decreto de determinación del hecho:
“En una fecha no precisada de 2017, en la calle Bernardino Ahumada al 800, Pozo El Mistol, Valle Viejo, y/o en algún domicilio de la ciudad Capital, Mario Rodrigo del Campo, José Werfil Vega, Gastón Darío Agulles, Pablo Aybar, Juan Pablo Collantes, Rocío Grisel Gordillo y otras personas aún no individualizadas, elaboraron una estructura delictual con lazos de cooperación para efectuar una serie de delitos, cuya comisión y efectos se prolongaron hasta el 22 de marzo de 2025”.
Además de ellos, estaban los empleados judiciales y de la Administración que colaboraban con información clave sobre la situación patrimonial de las víctimas o deudores, el estado de los juicios ejecutivos en su contra y, sobre todo, que las notificaciones no les llegaran. Aparte, había un bancario del BNA que pasaba los movimientos de dinero de las cuentas particulares de los demandados. La red se completaba con policías que hacían seguimiento de vehículos y simulaban operativos.
De los 21 imputados originales en calidad de “autores”, la lista quedó reducida a 19 por los fallecimientos de Aybar y de la escribana Dora Raquel Searez (extitular del Registro N°61 de La Rioja)
Testimonios y un domicilio audaz
El 18 de julio pasado, el fiscal Costilla citó a 478 personas demandadas en los juicios ejecutivos que prosperaron en los juzgados 1 y 2 en lo Comercial y de Ejecución, cuyos expedientes fueron incautados para la investigación penal. Los testimonios comenzaron el 4 de agosto y debían concluir el 26 de septiembre, pero el proceso tuvo retrasos.
¿Qué ocurrió? Muchas audiencias debieron ser reprogramadas porque buena parte de los deudores y demandantes son del interior provincial, en particular de Belén, y no pudieron llegar a la cita por diferentes razones. En consecuencia, es probable que los testimonios se terminen de recibir en octubre.
El principal objetivo de la ronda de testigos es verificar las firmas y el origen real de las deudas reclamadas por algunas de las 7 sociedades comerciales vinculadas a Del Campo y compañía, como así también si los domicilios denunciados por los acreedores y los deudores en efecto coincidían o no. Además, cómo fue el circuito de embargos de haberes y el secuestro de bienes de las víctimas.
Sin embargo, en un primer “barrido” de los expedientes -entre 70 y 80-, los investigadores hallaron un patrón común: los acreedores usaban domicilios falsos para reclamar las deudas. Así constaba en los juicios ejecutivos.
Uno de esos domicilios sorprendió por lo increíble: “República 134, San Fernando del Valle de Catamarca”. ¿Qué hay allí? Es ni más ni menos que la playa de estacionamiento de la Legislatura provincial ubicada detrás del “Paseo de la Lucha Vigente”. A los cabecillas de la banda no se les puede negar audacia y desparpajo.
Se trata de una prueba evidente de la falta de veracidad de los domicilios usados para el expolio de los deudores.
Pero también se utilizaron domicilios erróneos de las personas demandadas por los acreedores. En su defensa, cuando los empleados de los Juzgados de Ejecución fueron indagados en la fiscalía penal aseguraron que ellos notificaron en los domicilios “reales” de los deudores. En realidad, eran domicilios falsos.
Por eso los “ujieres” judiciales apuntados están sospechados de haber cometido el delito de “falsedad ideológica”, por afirmar que la gente vive en un lugar donde en verdad no reside. Así era como los demandados no recibían las notificaciones de deuda y quedaban sometidos directamente al juicio ejecutivo. Es decir, se enteraban recién cuando les caían los embargos de sus bienes.
La data más ansiada
La semana entrante está previsto que lleguen a Catamarca los resultados de las pericias técnicas realizadas por el Cuerpo de Investigación Judicial (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre los dispositivos enviados por la Fiscalía de Instrucción N°5.
En concreto, son las extracciones de información de los 55 celulares secuestrados a la veintena de imputados en la causa de asociación ilícita. Como es obvio, varios de ellos se manejaban con más de un teléfono para operar con las víctimas.
Debido a que el CIJ adelantó que la información extraída es voluminosa y compleja, o sea, casi un “Big Data”. Por esa razón, la Justicia ya contrató un servicio de almacenamiento para alojarla. Lo que resta resolver es el lugar físico donde se instalarán los equipos para procesar los datos, ya que las dependencias judiciales que estaban en el edificio Leo III empezarán a mudarse estos días.
¿Qué tipo de información podría encontrarse? Los investigadores confían dar con los chats de los miembros de la banda sobre el estado de causas, cruces puntuales sobre propiedades inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, acuerdos de pago, transferencias.
Al margen de estas pruebas, la fiscalía considera que una parte de la causa ya estaría en condiciones de ser elevada a juicio, por cuanto la figura penal de la asociación ilícita es un “delito autónomo”. Esto es, se configura por el simple hecho de formar parte de una organización con fines delictivos, independientemente de si se han cometido o no los delitos planeados.
Pero aún resta algo más en esta etapa. La Cámara de Apelaciones debe pronunciarse sobre si hará lugar o no al planteo de los fiscales Costilla y Valeria Reyes, quienes se opusieron a la decisión del juez Santiago Ahumada Franzzini de dejar en libertad a Del Campo, Vega, Agulles, Collantes y Gordillo, los cinco principales acusados.
Como sea, no hay dudas que lo más revelador está por venir en los discos rígidos con las extracciones. Porque allí podría cerrarse el círculo que comenzó con la revisión del celular del “jefe” Del Campo.
