El juez federal Ernesto Kreplak ordenó el pasado lunes 8 de septiembre el secuestro del teléfono celular de Nélida Agustina Bisio, jefa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado que habría provocado cerca de un centenar de muertes en el país.
La medida formó parte de una serie de operativos que incluyeron allanamientos en su domicilio de Olivos, en oficinas de la ANMAT y en la vivienda de Gabriela Mantecón Fumadó, ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), a quien también le incautaron el celular. En total, la Justicia dispuso procedimientos en siete puntos diferentes, entre dependencias oficiales y domicilios particulares de funcionarios del área.
La investigación apunta a determinar si existieron irregularidades en los controles estatales sobre los laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA, responsables de producir el fentanilo contaminado. Según la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la ANMAT y el INAME habían detectado deficiencias críticas en las plantas en diciembre de 2024, pero el retiro preventivo de los lotes cuestionados recién se dispuso meses después.
Mientras tanto, el ministro de Salud, Mario Lugones, respaldó públicamente a Bisio y aseguró que se esperan los resultados judiciales antes de tomar nuevas decisiones en la conducción del organismo. La fiscal Laura Roteta investiga si la falta de acción de las autoridades sanitarias responde a negligencia, connivencia o complicidad en el caso.
