Realizaron una reunión institucional para coordinar estrategias destinadas a la implementación de un nuevo protocolo de actuación ante delitos rurales y hechos que afecten la actividad agropecuaria.
El encuentro fue encabezado por el Ministerio Público de la provincia, en articulación con la SecretarÃa de Seguridad y la División Abigeato de la PolicÃa de la Provincia. Participaron el procurador general, Tristán Lobo; el secretario de Seguridad, MartÃn Miranda; el director del SAE 911, comisario mayor VÃctor Mena; el jefe de la División Investigaciones Judiciales, comisario mayor Julio Acevedo; y el subcomisario Hugo Márquez, de la División Abigeato.
Durante la jornada, la Procuración General presentó un instructivo que establece pautas de actuación fiscal ante este tipo de hechos delictivos, que suelen afectar a establecimientos ubicados en zonas rurales alejadas, con menor acceso a recursos de seguridad.
En este marco, se abordaron nuevas metodologÃas orientadas a la prevención, disuasión e investigación de delitos contra el sector agropecuario, como asà también la identificación de circuitos de comercialización y la promoción del uso de tecnologÃa forense especÃfica que contribuya al esclarecimiento de hechos complejos, la identificación de presuntos autores y el avance en las investigaciones penales.
Entre las herramientas destacadas se encuentra la incorporación de registros geolocalizados (GPS) de accesos a los establecimientos rurales y lugares donde se hayan cometido los hechos, para la elaboración de mapas del delito rural. También se contempla el uso de Genética Forense (ADN para animales), que permite obtener evidencias cientÃficas de importante valor probatorio.
En cuanto a la investigación de los ilÃcitos, el protocolo prevé el secuestro con fines de decomiso de los elementos utilizados en la comisión de los delitos, tales como vehÃculos, motocicletas, carros, armas, herramientas, perros adiestrados y otros objetos vinculados.
Finalmente, se promueve el dictado de medidas de coerción personal en aquellos casos en que los imputados registren antecedentes, reincidencia o reiterancia, a fin de garantizar los fines del proceso penal.
