El proyecto de ley impulsado por el diputado Sebastián Nóblega y cofirmado por otros legisladores, busca revertir de forma urgente el Decreto 461/2025, publicado el 8 de julio en el Boletín Oficial. Según los fundamentos presentados, el decreto modifica de forma unilateral el esquema legal y organizacional de organismos técnicos nacionales vinculados al transporte, infraestructura y seguridad vial, como Vialidad Nacional, la ANSV, la CNRT, la CNTSV y la JST. Los diputados sostienen que el Ejecutivo “se excedió en las facultades delegadas” por la Ley 27.742, vulnerando el principio republicano de división de poderes. “Se trata de un avasallamiento institucional que afecta funciones esenciales del Estado”, afirman.
Uno de los puntos más críticos señalados en el proyecto es la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), creada por decreto-ley en 1958 y con más de 6.000 técnicos capacitados a cargo de 39.000 km de rutas. Su rol ha sido clave en la conexión de más de 600 localidades rurales aisladas y en el mantenimiento de corredores estratégicos para el comercio y la circulación. La supresión de la DNV por decreto, sin ley expresa, representa, según los legisladores, una "extralimitación del Poder Ejecutivo" y un “grave retroceso en materia de equidad territorial y desarrollo federal”. Además, advierten que el vaciamiento del organismo comenzó con la omisión de fondos específicos, como el impuesto a los combustibles.
El proyecto también advierte sobre el desmantelamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial (CNTSV), responsables de implementar campañas de concientización, sistemas de licencias unificadas y fiscalización en todo el país. Según los datos presentados, gracias a estas instituciones, las muertes por siniestros viales bajaron un 28% entre 2008 y 2024. La eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI), modelo en el Mercosur y reconocida por el Banco Mundial, también generó fuerte rechazo del sector transportista. “Delegar estas tareas a fuerzas de seguridad sin experiencia técnica es un grave retroceso en seguridad vial”, subrayan los diputados.
Otro de los organismos eliminados es la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), que tenía competencia para investigar accidentes en todos los modos de transporte: aéreo, terrestre, marítimo y ferroviario. Su reemplazo por una agencia centrada exclusivamente en aviación implica, según el proyecto, una reducción injustificada del alcance y la pérdida de independencia técnica en investigaciones clave. Esto, advierten, “viola compromisos internacionales” asumidos por Argentina ante la OACI y debilita la capacidad del Estado para prevenir tragedias como las de Once o Castelar. En la misma línea, la transformación de la CNRT en una “Agencia de Control de Concesiones” concentrada en el Ejecutivo eliminaría instancias de control ciudadano y fiscalización directa, lo que podría generar mayor opacidad y menor eficiencia en todo el sistema de transporte nacional.
