La causa por las órdenes médicas falsas que perjudicaron a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) avanza en la Justicia catamarqueña, y ahora ocho médicos imputados solicitaron la suspensión del juicio a prueba, o “probation”, ofreciendo $15.300.000 como resarcimiento y comprometiéndose a realizar trabajo comunitario. La investigación, iniciada en 2013, los acusa de haber cobrado por consultas inexistentes, presentando órdenes adulteradas que fueron validadas por el Círculo Médico y pagadas por la obra social.
Los delitos imputados, “fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con uso de instrumento privado adulterado”, prevén penas de hasta seis años, pero como ninguno de los acusados tiene antecedentes penales, podrían evitar la cárcel. La propuesta incluye, además del resarcimiento económico actualizado a valores actuales, la prestación de servicios profesionales en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), lo que permitiría a OSEP recuperar el dinero y evitar un proceso largo y costoso.
Según la investigación, hubo un circuito de facturación fraudulenta donde una misma orden llegó a presentarse hasta 49 veces en un mismo mes. La Fiscalía señala fallas graves en los controles internos del Círculo Médico y de la propia OSEP, que habrían facilitado las maniobras. Sin embargo, la defensa planteó que la causa tiene vacíos no resueltos, como la falta de identificación de empleados que habrían cargado las órdenes truchas y la presunta responsabilidad institucional de ambas entidades.
El Tribunal que deberá resolver el pedido está integrado por los jueces Silvio Martoccia, Luis Guillamondegui y Daniela Barrionuevo. El fiscal de Cámara Augusto Barros y posiblemente el fiscal de Estado Marcos Denett representarán al Ministerio Público, aunque OSEP no actúa como querellante.
