Actualmente, el Tribunal funciona en 6 locaciones alquiladas, lo que representa un gasto mensual de $20 millones. Con la mudanza a la nueva sede, dejará de abonar alquileres y reducirá los costos operativos, generando un ahorro anual de aproximadamente $240 millones.
Además, como parte del proceso de reorganización, el edificio histórico que ocupaba el organismo será cedido al Poder Judicial, lo que permitirá a ese poder del Estado incorporar una nueva infraestructura sin necesidad de realizar nuevas inversiones. Se estima que esta incorporación evitará gastos por otros $180 millones anuales en concepto de alquileres judiciales. Con todo ello, se estima un ahorro anual de $240 millones, resultado de eliminación de contratos de alquiler y la reducción de gastos operativos.
La nueva sede del Tribunal de Cuentas contará con un sistema de conectividad cerrada, servidores propios y estructura digital integrada. Esta infraestructura permitirá avanzar hacia la digitalización total de los procesos internos, incluyendo la implementación de libros y registros digitales únicos.
“Con el nuevo edificio, no solo estaremos todos bajo un mismo techo como equipo, sino que también estaremos conectados como nunca antes. Colaborar será más sencillo y rápido; acceder a los datos que necesitamos para tomar decisiones informadas será cuestión de segundos”, señalaron desde el Tribunal.
