Docentes de educación especial y familias de niños con discapacidad expresaron su profunda preocupación por hechos de violencia en escuelas públicas y privadas de la provincia. Aseguran que los episodios de maltrato incluyen desde agresiones físicas hasta negligencia pedagógica, como no evaluar a los estudiantes o no adaptar los materiales de aprendizaje. “Me llegan relatos desgarradores todos los días. Las familias sienten que sus hijos son ignorados o directamente violentados en el ámbito escolar”, relató una docente del sector.
Desde el pasado 7 de mayo, representantes de estas familias comenzaron una serie de gestiones ante el Ministerio de Educación y Casa de Gobierno. Sin embargo, denuncian que aún no obtuvieron respuestas concretas ni acciones inmediatas por parte de las autoridades provinciales. “El ministro de Educación no nos recibió. Recién pudimos hablar con el ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, quien reconoció la gravedad del tema, pero seguimos sin soluciones reales”, señalaron en entrevista.
Uno de los puntos más críticos que señalan los denunciantes es la ausencia de protocolos efectivos para actuar ante casos urgentes, lo que deja a los niños expuestos a situaciones de riesgo mientras se desarrollan procesos administrativos que pueden tardar años. “Nos dicen que están trabajando en nuevos protocolos, pero mientras tanto la violencia sigue ocurriendo”, advirtieron. Las familias sostienen que la protección inmediata del niño debe ser la prioridad.
Ante la falta de respuesta institucional, docentes y familias elevaron un expediente y solicitaron una audiencia directa con el gobernador Raúl Jalil. Piden que el tema se ubique en el centro de la agenda política y educativa. “Necesitamos que esto se escuche en serio, no alcanza con recibirnos si no hay decisión política de actuar”, afirmaron. Reiteran que el derecho a una educación digna, segura e inclusiva no puede seguir siendo postergado.
