En una nueva ofensiva legislativa por mayor transparencia, la diputada provincial y presidenta del bloque UCR, Silvana Carrizo, presentó un proyecto de resolución que exige explicaciones al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas sobre el destino de fondos públicos en diversos proyectos productivos que, según denunció, se encuentran inconclusos o abandonados. El caso central es el del Centro de Mejoramiento Genético de Nueva Coneta, que demandó una inversión superior a los 90 millones de pesos y cuya operatoria vincula directamente a una empresa relacionada con el actual Defensor del Pueblo, Dalmacio Mera.
Carrizo advierte sobre posibles conflictos de interés y falta de controles efectivos. “Una empresa vinculada a Mera recibió fondos mientras él ocupaba cargos clave, y ahora integra organismos que deberían auditar el uso de esos recursos. El entramado es tan burdo como alarmante”, denunció. También señaló que el exministro de Producción, Juan Cruz Miranda, fue propuesto para el Tribunal de Cuentas, órgano que debe fiscalizar esos mismos fondos. La diputada pide al organismo detalles sobre su intervención como ente de control en estos programas entre 2016 y 2025.
El proyecto pone el foco en la gestión del programa en Nueva Coneta, operado por la UTE AICAT–AGROLEPAL, cuyo responsable técnico, Alejandro Lauret, es cuñado de Mera. Según la legisladora, el Estado financió hasta el 80% del costo del plan, incluyendo la compra de 14 toros y 1.000 embriones, sin que se haya completado el ciclo productivo ni existan informes públicos que justifiquen el uso de recursos. “La puerta giratoria entre lo público y lo privado vulnera la ética y debilita la confianza institucional”, advirtió.
Además, Carrizo pidió información sobre otros emprendimientos inconclusos como el “Plan Tomate”, la bodega municipal “La Indómita” en Fiambalá y Agroindustrias Pomán. La diputada exige conocer si hubo auditorías, si se detectaron irregularidades y si los organismos actuaron ante el incumplimiento. "El Estado no puede seguir financiando fracasos sin control ni consecuencias", enfatizó. El proyecto establece un plazo de 15 días hábiles para que se presenten informes, documentación y resultados de cada caso.
