Este miércoles, la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca resolvió no conceder el recurso extraordinario federal presentado por el excamarista Juan Pablo Morales, en el que solicitaba la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en la causa en la que está imputado por “cohecho pasivo agravado”, junto al también exjuez Raúl Da Prá.
Los ministros Fernanda Rosales Andreotti, Hernán Martel y Verónica Saldaño consideraron que “el recurso carece de fundamento suficiente y, por ende, de idoneidad para suscitar la pretendida habilitación de la instancia ante el máximo tribunal, por lo que no puede ser concedido”.
Además, se advirtió que el recurso no reunía los requisitos de modalidad al que debía sujetarse la presentación, aunque haya sido efectuado en tiempo y forma.
“Los remedios extraordinarios solo proceden contra las sentencias definitivas, correspondiendo vincular tal concepto con la aptitud de cancelar vías hábiles para lograr la reparación del derecho lesionado y la imposibilidad de renovar la cuestión en otra oportunidad procesal u otro juicio. La Corte Suprema así lo ha señalado en numerosas oportunidades: la ausencia de definitividad del fallo impugnado no puede ser suplido con la invocación de garantías constitucionales. De otro modo, la jurisdicción del máximo tribunal carecería de límites, solución que sería a todas luces irrazonable”, explicaron, de acuerdo a lo trascendido por un medio local.
Ante la negativa, el expediente por la “videodenuncia”, iniciado en 2020 en el que los exjueces habrían recibido un soborno a cambio de revocar la prisión preventiva de un acusado por robo que estaba alojado en el Servicio Penitenciario Provincial en Capayán, sería remitido a la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Tercera Nominación.
En noviembre del año pasado el expediente fue remitido a la Cámara de Sentencia de Tercera Nominación, cuyo Tribunal estará integrado por el juez Marcelo Soria y, por inhibiciones, los subrogantes Elizabeth Cabanillas, jueza de Ejecución Penal, y Lucas Vaccaroni, juez de Control de Garantías. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Miguel Mauvecín. Se estima que este año podrían fijarse la fecha del debate oral y público.
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