Son tiempos de déficit en las cuentas de algunas cajas estatales. El fideicomiso minero, el fondo que administra los recursos de las regalías, quedó en rojo y pidió auxilio al Gobierno para financiar obras. Y la Administración General de Asuntos Previsionales (AGAP) empezó a dar pérdidas y la única opción que encontró para revertirlas es recortar más los sueldos de los estatales que aportan para sus jubilaciones. Eso cuando todavía no se conoce a ciencia cierta cuáles fueron los resultados de sus millonarios préstamos a la Caja de Crédito y Prestaciones, la otra financiera provincial.
En lo que respecta a la minería, lo que más impactó en la recaudación de las regalías fue la abrupta caída en el precio del carbonato de litio, que en un año pasó de 80.000 a 12.000 dólares la tonelada. El único proyecto en producción en Catamarca es Sal de Vida, en el Salar del Hombre Muerto (Antofagasta de la Sierra). Hoy la empresa a cargo es Rio Tinto, ya que a principios de este mes compró la minera Arcadium Lithium (Livent más Allkem) por 6.700 millones de dólares.
La mayor parte de los proyectos litíferos ubicados en inmediaciones del río Los Patos, en Antofagasta, tienen la producción condicionada al estudio de impacto ambiental, integral y acumulativo, que debe realizar el Ministerio de Minería en respuesta al fallo de la Corte de Justicia provincial que frenó los nuevos proyectos en esa zona.
Por esa razón, los ingresos por regalías al fideicomiso minero se desplomaron como nunca. Y de esos recursos depende la continuidad de varias obras públicas que se realizan en el Oeste provincial, como la nueva Terminal de Ómnibus de Belén.
El directorio del fideicomiso está integrado por tres ministros del Ejecutivo provincial: Juan Marchetti (Infraestructura y Obras Civiles), Alejandra Nazareno (Economía) y Verónica Soria (Trabajo, Planificación y Recursos Humanos). Hace un par de semanas habían formalizado un pedido de asistencia financiero al jefe de Gobierno, Raúl Jalil.
Fue precisamente Jalil quien decidió dar la noticia del sí. “Vamos a hacer un aporte extra de 7.000 millones (de pesos) al fideicomiso, porque aunque aumentó la producción cayó el precio y eso repercute en las regalías”, dijo en declaraciones a la prensa.
En realidad, tal auxilio financiero revela que hoy la minería en Catamarca es escasa y no genera utilidades a las arcas del Estado.
Pero no solo en este rubro los márgenes andan estrechos. El Gobierno echó mano al Fondo de Trasplantes y a la Asignación Complementaria Jubilatoria que maneja AGAP para cubrir baches y financiar préstamos personales y créditos hipotecarios de la Caja de Crédito y Prestaciones (exCAPRESCA). La transparencia en el movimiento de esos recursos es una asignatura pendiente.
Fondos tentadores
En el caso del Fondo de Trasplantes, que funciona en la órbita de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), el Gobierno cayó en varias ocasiones en la tentación de “pedirle prestado” para destinar a otros fines. De hecho, en una Acordada (N° 9130) de mayo de 2014, el Tribunal de Cuentas consideró inadmisible “el uso transitorio de los fondos para trasplantes”, por cuanto “son de uso exclusivo para ese fin”.
El Fondo Especial para Trasplantes (Ley 5116) fue promulgado en agosto de 2004 y reglamentado al año siguiente, durante el gobierno de Eduardo Brizuela del Moral. La iniciativa original fue del exsenador Jorge Agüero (UCR). Estableció un aporte, que al principio fue voluntario y con el tiempo se volvió obligatorio, equivalente al 0,5% del salario que el afiliado de OSEP percibe por todo concepto.
La oposición radical en la Cámara de Diputados insistió recientemente en la necesidad de que el Ejecutivo provincial suministre información al Poder Legislativo sobre la administración de esos fondos especiales, y citó los casos del Fondo de Trasplantes y el de la asignación jubilatoria de AGAP, entre otros.
Por su parte, la AGAP fue creada en marzo de 2011 por decreto acuerdo, a la par del Régimen de Asignación Complementaria Jubilatoria. Su función primordial es pagar a los jubilados provinciales la diferencia entre el haber que perciben de ANSES y lo que les correspondería hasta alcanzar el 82% del salario de un trabajador activo. Es decir, el porcentaje jubilatorio establecido por el artículo 180 de la Constitución provincial.
Con ese fin, los empleados estatales -incluyendo la mayoría de los municipales de la provincia- aportaban a AGAP un 2% del total de su remuneración bruta. Así lo estableció la norma provincial y así ocurrió hasta marzo pasado, cuando el organismo advirtió, por primera vez desde su creación, que operaba con déficit.
“Mientras la base de activos se mantiene constante, cada mes se generan, en promedio, 85 nuevos pasivos. El organismo provincial paga un complemento respecto a lo que se cobra de ANSES, pero al haber sufrido durante los cuatro primeros meses del año un 32% de caída en términos reales, hace que la diferencia en ese complemento sea mayor. Por eso la necesidad de actualizar los aportes, para dar cobertura a las crecientes brechas entre lo que paga ANSES y lo que la AGAP debe cubrir”. Esta fue la explicación que dio su director, Rafael Ponzo Florimonte, en la comisión de Legislación Social y del Trabajo de Diputados.
Tal actualización consiste en elevar de 2 a 2,5% el aporte a deducir de los salarios públicos hasta fin de año, e incrementarlo al 3% a partir del 1 de enero de 2025. Según explicó Ponzo, el objetivo es garantizar “la sustentabilidad del organismo a mediano y largo plazo”.
El aumento del aporte de los empleados se decidió en una mesa con los representantes de ATE, UPCN y Vialidad provincial. ¿Se supone que los gremialistas lo comunicaron a sus afiliados y próximos jubilados antes de dar el consentimiento? Igual, no hubo más vueltas. La nueva deducción del 2,5% empezó a regir al mes siguiente, esto es, desde abril pasado.
Recupero en duda
Sin embargo, todo indica que no es solo el cambio en la ecuación entre empleados activos y nuevos pasivos lo que produjo un desequilibrio en las cuentas de la AGAP.
En efecto, ya en 2014, el Gobierno había tomado un 20% del "excedente" de la AGAP para poner en marcha una línea de créditos personales. Y además utilizó sus fondos para dar préstamos a empresas, reinvertirlos en fondos comunes de inversión (FCI), letras del Tesoro en pesos y dólares, entre otras operaciones con el fin de preservarlos del efecto inflacionario.
Y en 2020 se anunciaron créditos para viviendas por un convenio entre AGAP y la Caja de Crédito y Prestaciones. En el primer trimestre de 2023, los créditos eran de hasta $8.000.000, con 20 años de plazo y seis meses de gracia.
Sobre este punto, la diputada radical Silvana Carrizo cuestionó que los “fondos de AGAP fueron utilizados para dar créditos personales e hipotecarios a una tasa de aproximadamente 70%, mientras que la inflación de diciembre de 2023 fue de 211,4%. Esto comprometió el derecho de los jubilados a recibir el 82% móvil de su jubilación ordinaria".
Su par de bloque Mamerto Acuña, exministro de Hacienda de la Provincia y uno de los legisladores que más analizó el caso AGAP, aseguró que entre 2020 y 2023 el organismo remitió a la exCAPRESCA un total de 19.883.676 dólares (a la conversión del Banco Nación en esas fechas) para sus inversiones en préstamos personales y créditos hipotecarios. ¿Cuánto de eso recuperó AGAP?
La falta de transparencia en la gestión gubernamental radica básicamente en la falta de auditoría. De hecho, el Ejecutivo no ha respondido ninguno de los pedidos de informe en la Cámara baja relativos al manejo de esas “cajas” provinciales, muchas de las cuales fueron creadas por decretos acuerdo y no por ley.
Y la única auditoría que debería ocuparse del manejo de los fondos provinciales es la del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que hoy preside Jorge Moreno, exministro de Gobierno y Justicia de esta gestión. Hasta hoy no ha demostrado tener la independencia que su deber exige.
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