A consecuencia del desmembramiento de la estructura federal por los despidos masivos del gobierno nacional en el Comité Ejecutivo de Lucha contra la trata y otros organismos, las provincias del Norte Grande crean un Consejo Regional para ocuparse mancomunadamente de la prevención, persecución, asistencia y protección contra la trata y explotación de personas.
El viernes 17 de mayo sesionó en la provincia de Tucumán la 51° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande bajo el lema “Federalismo en Acción por una Argentina Unida” en la que se debatieron y sancionaron numerosos proyectos vinculados a salud, turismo, educación, ciencia y tecnología, obras, infraestructura, transporte y derechos humanos.
De la sesión plenaria participaron decenas de legisladores de las 10 provincias del NOA y NEA y presencialmente concurrió la mayoría de los vicegobernadores de la región.
Se destaca entre sus resoluciones la creación del Consejo Regional del Norte Grande de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas que fue aprobado por unanimidad y presentado por las diputadas catamarqueñas Claudia Palladino, Adriana Díaz y Mónica Salazar.
El Consejo estará integrado por un representante titular y un suplente de cada provincia vinculado o capacitado en las temáticas de trata y violencia de género y se ocupara de la promoción, prevención, detección, rescate, asistencia y protección, investigación y judicialización de la trata de personas y la violencia de género.
Entre sus principales funciones se destaca la coordinación en la región de acciones destinadas a la prevención, detección y rescate de las víctimas del delito de trata. Tareas de difusión y campañas de visualización, concientización y sensibilización. Acciones destinadas a garantizar la asistencia y protección integral y reparación de los derechos de las personas víctimas en materia de trata de personas. Fortalecer el “Protocolo Único de Articulación Nacional” vigente. Elaborar investigaciones e informes anuales sobre la materia. Elaborar propuestas comunes para el diseño y ejecución de políticas públicas.
En el capítulo referido a las facultades del Consejo se imponen elaborar un reglamento de funcionamiento, un mapa del delito en la región que permita elaborar una planificación, invitar a organismos gubernamentales, académicos o especializados cuando sea necesario, actualizar la formación e información sobre la temática, articular interinstitucionalmente y celebrar convenios de cooperación y asistencia mutua a nivel nacional o internacional a los fines del objeto de la ley.
Entre sus deberes el consejo se propone organizar actividades de visualización, concientización y sensibilización especialmente en fechas claves como el 30 de julio, “Día Mundial contra la Trata de personas”, 23 de septiembre “Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas” y el 2 de diciembre “Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud”. También se comprometen a elaborar y publicar un informe anual y a promover una cobertura periodística responsable en el abordaje de la temática.
En los fundamentos del proyecto se justifica la creación del Consejo Regional del Norte Grande de lucha contra la Trata y Explotación de Personas en el desmembramiento de la estructura federal que realizó el Gobierno Nacional y la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuando resolvió despedir masivamente a todos los delegados y delegadas provinciales del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas de Nación.
También se alerta sobre los despidos de personal en las provincias en áreas claves como Senaf, Programa de Rescate, agencias territoriales del Ministerio de Trabajo, centros de desarrollo regional y la paralización y suspensión de los programas de restitución de derechos para el acompañamiento y protección a las víctimas. “Esta política de desfinanciación y desmantelamiento del Comité no tiene en cuenta las políticas públicas de derechos humanos ratificadas en nuestra Constitución Nacional de acuerdo a lo establecido en articulo 75 inc.22, e inc. 23 y en las leyes y decretos nacionales: Ley de Derechos y Garantías de las personas víctimas de delitos 27.372, Ley 27.508 Fondo de Asistencia directa a víctimas de trata – Ley 26.364 modificación de las leyes 26.364 y 25.246, Decreto Fondo Fiduciario Público “Fondo de Asistencia Directa a Victimas de Trata”, decreto 844/2019, Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, Ley 26.842 que modifica la Ley 26364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas Ley 27.508 modificación de la Ley 26.364,Decreto reglamentario 111/2015.Ley 27.046 , Ley 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, Ley 26.847 sobre la Penalización del Trabajo Infantil.”
Por último se recuerda en los fundamentos que “En nuestra región los delegados/as junto a las mesas interinstitucionales han trabajado intensamente durante estos años, salvaguardando los derechos de las personas, rescatando víctimas, evitando el trabajo esclavo. En las zonas de frontera han articulado acciones y conformado mesas binacionales como es el caso de la mesa de la provincia de Jujuy con Bolivia.
Nuestra región, con la participación de las 10 provincias miembro, debe continuar con la defensa de los derechos y la protección del bienestar físico, mental y social de las personas y de sus comunidades; y con la promoción de la sostenibilidad a través del desarrollo de la capacidad institucional para el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales. Por ello es necesario crear un Consejo Regional del Norte Grande de lucha contra la Trata y Explotación de personas con la participación de todas las provincias miembro. Por lo que solicito a mis pares su acompañamiento, para la aprobación del presente proyecto de ley.
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