La Cámara de Senadores de Catamarca dio su aprobación definitiva a una nueva ley que regula los alquileres temporarios turísticos en la provincia. Este proyecto, impulsado por la diputada Natalia Ponferrada y asignado con el número 5837, busca establecer normativas para garantizar una competencia leal en el sector.
El crecimiento de esta modalidad de alojamiento se hizo evidente en Catamarca y en todo el mundo, pero vino acompañado de dificultades, como la vulneración de la seguridad de los huéspedes y el incumplimiento de contratos. Esta nueva ley pretende abordar estos problemas y ofrecer una herramienta legal para regular este segmento en constante crecimiento.
La senadora Romina Williams, presidenta de la Comisión de Turismo de la Cámara de Senadores, destacó la importancia de esta ley para la provincia, señalando que "el crecimiento del turismo nos interpela a establecer normativas que sustenten la generación de ofertas de productos y servicios de calidad".
Según lo establecido en la ley, se define como alquiler temporario turístico al servicio de alojamiento en unidades habitacionales por un período mínimo de una pernoctación y hasta tres meses. Esto incluye a propietarios, inquilinos, y cualquier sujeto que comercialice o intermedie en la oferta de alquileres temporarios.
Una de las principales disposiciones de la ley es la creación del Registro de Propiedades de Alquileres Temporarios Turísticos de la Provincia de Catamarca, siendo obligatorio para los propietarios estar inscriptos y contar con autorización del organismo de aplicación. Esto permitirá acceder a beneficios como la inclusión en sitios web y promociones institucionales, entre otros.
La normativa también establece obligaciones para los propietarios, usuarios y plataformas digitales que ofrecen este tipo de alojamiento, buscando garantizar la seguridad y calidad del servicio. Con esta ley, Catamarca se suma a otras ciudades turísticas que regularon la actividad en los últimos años, en línea con recomendaciones de organismos internacionales como la OIT y la OMT. La nueva ley fue enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.
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