Desde hace poco más de 7 meses, el concesionario del resto-bar Caravati y la comisión directiva del Club Social 25 de Agosto vienen entablando una disputa sórdida por el alquiler del local gastronómico, con acusaciones cruzadas que mezclan cuestiones formales con chicanas personales. En el medio, las trabajadoras del bar esperan una respuesta a sus denuncias por violencia y acoso sexual. El Estado, hasta aquí, se ha destacado por su ausencia.
El conflicto se remonta a agosto de 2023. El 30 de ese mes venció el contrato de locación entre el Club Social y la firma Plaza 25 SRL, titular de Caravati, y la comisión directiva de la entidad decidió no renovar el acuerdo, aparentemente porque tenía otro interesado para el local. Pero la empresa se negó a retirarse, exigió una renovación e insistió en que estaban en juego unos 35 puestos de empleo.
Los protagonistas centrales de la pelea son Arturo Navarro, presidente del Club Social, y Esteban Cano, propietario de Caravati. Ambos son abogados y tienen un extenso recorrido en la vida pública de Catamarca.
Navarro fue administrador de Juegos y Seguros (ExCAPRESCA) a mediados de los ’90, en la primera gestión de Frente Cívico y Social. Tuvo que renunciar por el escándalo de la operación inmobiliaria que hizo a través de Urbe SRL con el Club Tesorieri, al que le alquiló una parte del predio para subalquilarle, a su vez, al supermercado Disco (Vea) En 2010, la Justicia provincial declaró nulo el contrato y ordenó el pago de una compensación a Tesorieri.
Por su parte, Cano es hoy quizás el empresario gastronómico más importante de la provincia. Además de Caravati, es dueño de Rigüe, Richmond, Famiglia y Cuesta del Portezuelo (regionales), entre los principales, y este año se quedó con la concesión del club de tenis Las Rejas, donde acondicionó el salón para eventos, prevé construir una cancha de fútbol y mejorar las canchas de tenis y pádel.
La semana pasada volvió la tensión. Cano denunció que gente del Club Social le trabó una puerta de ingreso a Caravati y que obstruyeron una chimenea en la cocina, en un supuesto intento por entorpecer su actividad. En la denuncia responsabilizó directamente a Navarro y al tesorero del club, Moisés Buffe, quien además es funcionario de la Justicia Federal.
La denuncia recayó en la fiscalía a cargo de Laureano Palacios, el fallido primer investigador del crimen del exministro Juan Carlos Rojas. Pero a las pocas horas pidieron que se inhiba de actuar en la causa. ¿La razón? Palacios es socio activo del Club Social. Finalmente se apartó y la presentación quedó en poder de la fiscal Gabriela de Marcos.
En declaraciones a la prensa, Navarro negó la acusación y calificó a Cano como “usurpador” y “ocupa”. Y de hecho la entidad ya pidió el desalojo en la Justicia. Cano, en cambio, se definió como “un inquilino con contrato vencido”. Dijo que quiere pagar el alquiler, pero en la institución se niegan a recibirle la plata.
Navarro, por otro lado, denunció hace un tiempo a Cano en la Justicia Federal por un supuesto enriquecimiento injustificable, ya que “de haber sido un empleado judicial pasó a ser un súper potentado que dice tener 600 empleados”, expresó. Cano le respondió que “se ponga a trabajar, en lugar de desvelarse tanto por el juego” en el Club Social.
Excesos y amenazas
Sin embargo, lo que pasa entre Navarro y Cano no es más que fuego de artificio a la par de las denuncias presentadas por las empleadas de Caravati, primero en sede administrativa y luego en la Justicia, por sentirse víctimas de violencia de género, acoso sexual y maltrato por parte de los socios del Club Social en las noches de póker, loba y alcohol.
Ello a raíz de que, según el contrato, las mozas y mozos del bar debían atender los pedidos de comida y bebidas de los socios del club, quienes contaban con un descuento del 50% y 20%, respectivamente.
La principal es la denuncia realizada por la encargada de Caravati, Micaela Bellido Esposto, quien señaló que sus compañeras mozas recibían “comentarios indecorosos” de los concurrentes al club, que en ocasiones les daban “palmadas en la cola o las tomaban de la mano y/o de la cintura”.
Además, que los hombres iban a los baños y “dejaban las puertas abiertas para que las mozas los observaran mientras hacían sus necesidades fisiológicas, y, entre otras cosas, les realizaban sucesivos pedidos de comida y/o bebidas al solo efecto de hacerlas pasear frente al resto de los invitados, quienes aprovechaban la situación para observarlas y hacerles nuevos comentarios ofensivos y cargados de un machismo incompatible con la dignidad” de las trabajadoras.
La mujer relató también que uno de los miembros de la comisión directiva se le “insinuó”, que le mandaba mensajes y la invitaba a salir, y que eso lo hacía en reiteradas oportunidades sin que ella le hubiera dado a entender que “estaba dispuesta a iniciar cualquier tipo de relación distinta a la inherente a mis tareas como encargada”.
Contó además que el Club Social “está prácticamente abierto las 24 horas del día, toda vez que las partidas diarias de póker que se realizan empiezan generalmente entre las 20 o 21 horas y se extienden hasta el otro día, y en algunos casos durante dos días seguidos sin interrupción alguna”.
Aparte, señaló que en una ocasión “el señor (Arturo) Navarro, al reclamar un descuento que no correspondía, me dijo que yo y el resto del personal íbamos a pagar las consecuencias de ello porque nos iba a dejar a todos en la calle”. “Me humilló frente a todos los presentes indicando que como mujer no podía ser encargada del resto bar, que era inexperta, que mejor era que me dedicara a cuidar hijos”.
Una moza que renunció al trabajo al cabo de 3 meses dijo que lo hizo por el “(mal)trato” de los socios. Textualmente: “Estando siempre excedidos en ingesta de bebidas alcohólicas, y con la excusas de hacer pedidos, constantemente me hacían pasear alrededor de las salas y mesas de póker para verme el cuerpo, cuando dejaba los pedidos me agarraban de la mano o de la cintura, o cuando caminaba con las manos ocupadas con la bandeja cargada aprovechaban mi indefensión para abrazarme y tocarme la espalda, mi abdomen e incluso mis senos, se me insinuaban proponiéndome salir, me ofrecían cosas a cambio para que acepte sus invitaciones a salir o que les dé mi número telefónico, me escupían hojas de coca en los pies…”.
Del Ejecutivo a la Corte
En septiembre pasado, las empleadas de Caravati hicieron la denuncia por “violencia de género y acoso sexual” en la Dirección de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno de la Provincia, ya que además plantearon que el Club Social 25 no cumple con el objetivo social para el cual fue creado, por lo que corresponde su intervención. Pero nunca recibieron respuesta.
Por ello, hace unos días Bellido Esposto presentó un recurso de amparo ante la Corte de Justicia en contra de la Dirección de Personas Jurídicas, “a fin de que -ante la injustificada y arbitraria omisión de este último organismo de dar cumplimiento con su obligación de brindar una respuesta oportuna y efectiva a las pretensiones deducidas por mi parte como víctima de violencia de género (artículo 16º Ley 26.485)- se la intime a sustanciar y resolver la denuncia formulada por mi parte con fecha 11/09/2023 disponiendo así que, en resguardo del interés público, se promueva la inmediata intervención del Club Social 25 de Agosto y la designación de un interventor normalizador con desplazamiento de las autoridades sociales a los fines de que este analice la situación institucional y económico financiera de la entidad”.
¿De qué se trata el incumplimiento del objeto social del club? Que por tratarse de una institución sin fines de lucro no puede ser un ámbito de juego en el que se mueven grandes cantidades de dinero, incluso en dólares, según denunció una empleada. Es decir, una actividad que debería ser fiscalizada -y eventualmente sancionada- por la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial (CCYPP)
No obstante, un informe realizado por la Subgerencia de Juego a la presidenta del organismo, contadora Daniela Díaz, asegura que “la actividad denunciada se desarrollaría en un espacio perteneciente a una asociación a la que accederían mayormente sus socios, en tanto de los elementos aportados no surge de momento que se hubiera ofertado públicamente o trascendido de algún modo el ofrecimiento de juegos al margen del control estatal, más allá del ámbito propio de los socios o autorizados por ellos como concurrentes a esa institución”.
“En virtud de ello, no puede a esta altura afirmarse si nos encontramos ante un delito, una contravención o una conducta comprendida en la reserva garantizada por el artículo 19 de la Constitución Nacional”.
Ese artículo establece que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
En otros términos, según ese criterio el Estado provincial no puede hacer nada en el Club Social 25 de Agosto, porque es un ámbito privado, porque si hay juego es entre “socios”, porque no hay publicidad ni tampoco invitaciones abiertas al público. Aunque todos sepan o imaginen qué sucede en esos salones, se trata de una suerte de logia inexpugnable, fuera del alcance de cualquier control fiscal.
Un club, de hecho, en el que participan activamente representantes de la Justicia federal y provincial, como Buffe y Palacios, y también funcionarios del Gobierno. La lista de socios da cuenta de ello.
Cartas, fichas que se cambian por dinero, bebidas incesantes, todos masculinos, euforia, frustración y noches demasiado largas. Es de imaginar lo que vivieron las trabajadoras.
Al margen de si se trata o no de un ámbito clandestino de juego, resta resolver las denuncias por violencia de género y acoso sexual. Queda la Justicia.
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