En una conferencia de prensa, los legisladores expresaron su consternación por el anuncio conjunto de aumentos, calificándolo de ilegal y manifestando su preocupación por la posible pérdida del 30% de los afiliados.
Destacaron la situación de vulnerabilidad de sectores como pacientes con enfermedades crónicas y jubilados, que no pueden cambiar fácilmente de plan, evidenciando un abuso de posición dominante.
Junto con la denuncia, la Coalición Cívica propone abrir un debate sobre la regulación del mercado de medicina prepaga y la implementación de medidas pro-competitivas basadas en criterios técnicos para garantizar una competencia genuina y la continuidad de la cobertura médica. Subrayaron la responsabilidad de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) en este proceso.
La denuncia se enfoca en acuerdos presuntamente establecidos entre competidores, liderados por Claudio Belocopitt, para fijar aumentos de precios de manera coordinada, afectando tanto a usuarios como proveedores del servicio. Se cita el artículo 2 de la ley de defensa de la competencia y se destaca que la conducta ilegal per se presume el incumplimiento de la ley.
La Coalición Cívica fundamenta su denuncia en las declaraciones públicas de Claudio Belocopitt sobre la operación del cartel, respaldadas por comunicaciones internas de las prepagas a sus afiliados confirmando los aumentos.
Los legisladores proponen medidas regulatorias, controles estatales reforzados y mecanismos para garantizar la portabilidad efectiva de prestaciones, especialmente para pacientes con enfermedades preexistentes.
La Coalición Cívica insta a las empresas de medicina prepaga, lideradas por Claudio Belocopitt, a aceptar las restricciones y consecuencias de un mercado liberado, exigiendo una competencia real por precios y servicios en beneficio de los usuarios.
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