"Desde noviembre de 2022, venimos alertando sobre graves irregularidades en la actividad minera. Denunciamos las malas condiciones laborales, de salubridad, el incumplimiento con la contratación de trabajadores catamarqueños. Lamentablemente, ni la empresa ni el Gobierno actuaron a tiempo", expresó la legisladora.
Carrizo respaldó al flamante intendente de Fiambalá, Raúl Usqueda, en la búsqueda de soluciones a los despidos recientes, y en la implementación de una nueva política minera.
"La falta de indumentaria adecuada en temperaturas extremas y la cuestionable calidad del agua y alimentos suministrados son solo parte del problema", disparó la legisladora.
Además, la diputada denunció el ineficiente servicio de salud que les brindan a los trabajadores, crucial en un trabajo de alto riesgo como la minería. "Los empleados están expuestos a riesgos enormes, agravados por un pésimo servicio de atención de la salud en las mineras y mala conectividad", añadió.
Carrizo también acusó al Gobierno de Raúl Jalil de "hacer oídos sordos" a los reclamos, favoreciendo intereses y negocios extranjeros, en lugar de defender la soberanía sobre nuestros recursos naturales y los derechos de los trabajadores. "Cada vez que denunciamos o no acompañamos sus políticas mineras se nos acusó de ser una oposición que pone palos en la rueda, pero fuimos los únicos que defendimos los derechos de nuestros trabajadores, algo que el Gobierno ha elegido ignorar", afirmó la diputada.
La legisladora radical resalta la necesidad de un cambio en la gestión de la minería en Catamarca: “El potencial de la minería para el desarrollo de la provincia es innegable, pero debe ir acompañado de políticas públicas que aseguren el bienestar de nuestra gente y un control efectivo de las operaciones mineras".
Carrizo instó al Gobierno a tomar medidas concretas y garantizar la protección de los trabajadores, además de sancionar a la empresa por sus incumplimientos. "Es hora de que el Gobierno cumpla con la Constitución que lo obliga a proteger los derechos de los trabajadores, responda a nuestras demandas y se asegure de que la minería beneficie realmente a los catamarqueños", al tiempo que concluyó que esta situación "pone en evidencia la tensión entre el desarrollo minero y la protección de los derechos laborales en la región, un debate que continúa sin una solución clara a la vista".
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